Lino Calderón / Inversión Turística
La nueva Aerolínea Mexicana de Aviación que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha creado muchas expectativas entorno a sus servicios y el tipo de viajes que ofrecerá, sin embargo, se enfrenta a otro obstáculo de carácter legal.
Lo anterior, luego que una ministra de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite cuatro acciones de la oposición que buscan anular reformas legales con las cuales se permitirá al Ejército operar, al mismo tiempo, una aerolínea comercial y varios aeropuertos.
Se trata de las últimas cuatro acciones que estaban pendientes de admisión, de las 21 que la oposición promovió para tratar de invalidar doce reformas legales aprobadas en ultra fast track por Morena y sus aliados durante el llamado «viernes negro» del Senado, a finales de abril.
A más de mes y medio de que las recibió, la ministra Loretta Ortiz notificó este viernes la admisión de las demandas de diputados y senadores contra las reformas a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, publicadas el 3 de mayo.
Dichas reformas no sólo quitaron el candado que prohibía a una sola entidad operar aerolíneas y aeropuertos al mismo tiempo, sino que contienen múltiples cambios sobre facultades de autoridades del sector, que se consideran necesarios para que México recupere la Categoría Uno que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
La reforma a la Ley de Aeropuertos eximió a dependencias de gobierno -en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- del veto que, a las empresas privadas, les impide tener más del 5 por ciento de las acciones de concesionarias de aeropuertos.
Cabe recordar que la Sedena planea lanzar una nueva versión de la aerolínea Mexicana de Aviación en diciembre, pese a advertencias de especialistas por posibles afectaciones a la competencia, dado que los militares también controlan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), construyen uno nuevo en Tulum y se les han asignado los de Palenque y Chetumal.
La admisión de estas demandas no suspende la vigencia de las leyes, y puede pasar más de un año para que la Corte dicte sentencias.
Las acciones admitidas desde junio y julio incluyen las que impugnan la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, la que ordenó la extinción de la Financiera Rural, los cambios a la Ley Minera y el decreto con ajustes estructurales para implementar una nueva ley expedida en marzo, que asignó a la Sedena la vigilancia del espacio aéreo.
También están ya en trámite los juicios contra cambios a la Ley de Turismo para que la Sedena reciba recursos del pago que hacen los visitantes extranjeros; a la Ley de Bienes Nacionales, sobre manejo y venta de bienes del Gobierno, y la reforma a la Ley Ferroviaria, que ahora prevé asignaciones por tiempo indefinido a los militares, a quienes se les ha entregado el control de los trenes Maya y Transístmico.
